La historia de la abolición del tributo indígena en Perú está llena de accidentados sucesos. Inicialmente el tributo indígena había sido abolido por las Cortes de Cádiz en 1812; fue repuesto en el virreinato peruano en 1814; abolido por San Martín en 1821 y nuevamente reinstaurado en 1826.
Importancia del tributo indígena
Durante los años de la posindependencia el tributo indígena alimentaba una cuarta parte del presupuesto nacional y se utilizaba básicamente para la atención de los propios gastos departamentales. El tributo indígena funcionaba como una capitación o impuesto personal, de modo que todos los indígenas de 18 a 50 años debían pagarlo de acuerdo con el monto establecido para su provincia. A cambio de ello quedaban exonerados de los impuestos que pagaban los demás miembros de la sociedad.
Los mestizos que se habían introducido en las tierras campesinas, así como los artesanos de los pueblos, debían pagar la contribución “de castas”. Como quiera que las castas pagaban montos generalmente menores, en los años previos a la abolición del tributo indígena se produjo un desplazamiento de la población rural hacia la inscripción como castas.
La abolición del tributo indígena en Perú
Cuando en 1854 fue abolido el tributo, fue con la idea de reemplazarlo por un tipo de contribución más moderna o equitativa. Pero los congresos que se sucedieron hasta 1879 desaprobaron los proyectos presentados. En 1866, la revolución de Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet, trajo consigo un régimen sin Congreso; su ministro de Hacienda, Manuel Pardo, no desaprovechó la oportunidad, e implantó la “contribución del jornal”, que venía a ser una capitación universal (es decir, un impuesto por cabeza), sin distinciones étnicas. Cada peruano varón entre los 21 y 60 años debía contribuiral Estado con doce días de jornal al año. Para el efecto, el Perú fue dividido en seis regiones, según el nivel del jornal prevaleciente en ellas.
El más alto correspondía a Lima y Callao, con ochenta centavos de jornal; casi todas las provincias de la sierra cayeron en las dos últimas categorías, de treinta y veinte centavos de jornal. Una nueva revolución, bajo el estandarte de suprimir la ominosa contribución del jornal, terminó, en enero de 1867, con la dictadura de Prado y su programa de reforma fiscal. Los peruanos, como lo dijera un ministro de Hacienda de la época, eran el recipiente, pero no la fuente de la riqueza pública.
Mientras cada peruano le costaba al Estado la suma de diez soles anuales, estos contribuían escasamente con algo más de dos soles. La diferencia la ponía la renta del guano. En términos fiscales, el Perú era algo así como un emirato petrolero de nuestros días.
Consecuencias de la abolición del tributo indígena en Perú
La abolición del tributo indígena produjo cambios en la sociedad rural peruana. Los centros mineros y las haciendas de la sierra encontraron más difícil conseguir trabajadores, al desaparecer sobre los campesinos la necesidad de obtener moneda para el pago de la contribución.
Aparición del enganche
Los mineros debieron valerse de “enganchadores” especializados, quienes con nociones de antropología práctica, recorrían los pueblos campesinos, estudiaban el calendario de fiestas patronales legado de la era colonial, ubicaban a quienes podían estar necesitados de dinero y los seducían para recibir adelantos y regalos a cuenta de ir a trabajar a las minas.
El enganche fue la respuesta a la inexistencia de un mercado laboral; resultó una forma de reclutamiento de mano de obra costosa para el empresario, y plagada de abusos para el trabajador. Tan cierto es esto, que incluso para el trabajo en las guaneras y para la construcción de los ferrocarriles debieron importarse trabajadores: chinos «culíes», bolivianos y chilenos y hasta los nativos de la Isla de Pascua; episodio, este último, que provocó la enérgica intervención de Gran Bretaña.
Levantamientos indígenas
De otra parte, las comunidades indígenas se encerraron más firmemente en una economía autárquica. Solo productos como el aguardiente, el añil, algunos instrumentos de fierro y, en ciertas regiones, la sal, significaban su incursión en el comercio monetario. Los esfuerzos de las autoridades por levantar la contribución del jornal provocaron algunas convulsiones campesinas. Estas también se produjeron al enrolarse a los indígenas en las luchas de caciques del interior.
Empobrecimiento de las provincias
La abolición dio también paso a un férreo centralismo fiscal, puesto que era ahora el Tesoro central quien disponía de todos los fondos, con absoluta prescindencia de lo que ocurría en la economía del interior. Antes de que existiera el dinero del guano, Lima era pobre y las provincias ricas. En las provincias con más densa población indígena, como Puno precisamente, el tributo rendía apreciables montos y su recaudación ponía en juego un tinglado de apoderados fiscales, fiadores y cobradores que manejaban el excedente campesino mercantilmente.
La abolición del tributo indígena de 1854 invirtió las cosas; provocó la pobreza fiscal de las provincias, las que, incluso para una pequeña obra, como construir un puente o levantar una escuela, debían ahora depender de la capital. Qué hacer con el dinero del guano se convirtió en un tema del debate público. Entre quienes tenían una respuesta surgió la figura de Manuel Pardo, un nuevo tipo de personaje en la política peruana.