Todos tienen la obligación de respetar y cumplir con los mandatos de las normas e instituciones que conforman el Estado de derecho.
¿Qué es el Estado de derecho?
El Estado de derecho es el conjunto de normas e instituciones que delimitan el marco de acción de las instituciones, de sus representantes y de la ciudadanía: estipula lo que pueden y no pueden hacer las autoridades —desde el presidente de la República hasta los servidores públicos— y los ciudadanos que no ejercen ninguna función pública.
Importancia del Estado de derecho
En el caso de los regímenes democráticos, el Estado de derecho es un instrumento clave para instaurar, bajo la forma de normas, los derechos (y deberes) de las personas, así como los mecanismos para garantizar dichos derechos.
¿Qué es el ordenamiento jurídico?
En todo Estado de derecho existe una jerarquía de normas e instituciones. A dicha jerarquía se le conoce como ordenamiento jurídico.
Características del Estado de derecho y el ordenamiento jurídico
El ordenamiento jurídico se caracteriza porque las normas inferiores se subordinan completamente a las superiores, de forma que, si existiese conflicto entre lo que dice una norma superior y una inferior, se deberá cumplir con lo que dice la norma jerárquicamente superior, y se deberá modificar o eliminar la norma inferior para zanjar el conflicto. Esta característica la tiene también el Estado de derecho peruano.
Importancia del ordenamiento jurídico
El Estado de derecho y el ordenamiento jurídico son claves para que los derechos de las personas sean garantizados formalmente; es decir, para que sean establecidos como normas en la Constitución y que no sean invisibilizados por intereses antidemocráticos.
Aunque para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas se necesita mucho más que solo leyes. La pregunta es ¿qué más se necesita?
Estado de derecho en el Perú
El artículo 51 de la Constitución Política del Perú señala que no existe norma superior a ella, por lo que toda norma existente o por crearse, que no sea la propia Constitución, debe, necesariamente, subordinarse a esta.
Además, el artículo 51 señala que por debajo de la Constitución están las leyes promulgadas por el Congreso (lo que incluye los decretos legislativos) y que el resto de normas se subordinan a estas. En el caso de que exista conflicto entre normas, tanto los jueces como el Tribunal Constitucional están facultados para decidir cuál es la que debe prevalecer según el ordenamiento jurídico que existe en el Perú y su Constitución Política vigente, la cual es la norma suprema en el país.
¿SABÍAS QUE…?
Según los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Perú, el presidente de la República tiene la potestad de disolver el Congreso de la República y llamar a nuevas elecciones parlamentarias si el Congreso no le otorga el voto de confianza en dos oportunidades. En el 2018, los parlamentarios quisieron anular esta potestad del presidente mediante la modificación del Reglamento del Congreso (que tiene rango de ley). El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta modificación al Reglamento basándose en el ordenamiento jurídico: la Constitución prima sobre la ley. Así pudieron proteger el equilibrio de poderes.
¿Cuál es el Ordenamiento jurídico peruano?
Ordenamiento jurídico peruano:
- Constitución
- Ley Decreto Legislativo Decreto Ley
- Decreto Supremo
- Resolución Suprema
- Resoluciones Ministeriales
- Resoluciones Directorales
- Ordenanzas Municipales
- Circulares
Estado de derecho e igualdad de oportunidades
Los ciudadanos nos caracterizamos por ser diferentes. Las diferencias pueden generarse por razones económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, las cuales hacen que seamos una sociedad diversa que aprende de esas diferencias, pero también pueden afectar el ejercicio real de nuestros derechos.
La pobreza, por ejemplo, puede generar que quienes la sufren no tengan acceso a una alimentación adecuada o a una educación de calidad. Para mejorar esta situación, se creó una nueva estructura política: el Estado social y democrático de derecho. Este surge de la necesidad de ampliar los derechos que tienen los individuos para enfrentar las desigualdades.
Se busca que el desarrollo de las sociedades se logre en conjunto, así como promover la solidaridad entre los individuos. Algunos de los derechos incorporados son el derecho a la salud, a un trabajo digno, a la educación, entre otros. A estos se les suele llamar derechos de segunda y de tercera generación porque se añaden a los primeros reconocidos por los Estados de derecho: derechos civiles y políticos que permitían la libertad de expresión, la participación política, la igualdad ante la ley, la protección de las propiedades, etc.
La búsqueda de justicia social es el principal objetivo del Estado social y democrático de derecho. Ya no se piensa solo en los individuos, sino también en las características que deben tener las sociedades en su conjunto. Las diferencias económicas, sociales, raciales o étnicas solo son un problema si generan desigualdad en las oportunidades de desarrollo o en el logro del bienestar.
